Nota del editor: este artículo se publicó por primera vez el 13 de Febrero por Catharine Li y fue traducido al español por Pili Saravia.
Como universidad pública, UT debe de cumplir con regulaciones federales y un directivo del estado del 29 de Enero que requieren que todas las agencias estatales de Tejas y agencias locales de orden público ayuden en las operaciones federales de inmigración.
Colegios y universidades estaban exentos de las acciones de inmigración hasta que el Departamento de Seguridad Nacional sacó un directivo el 21 de enero que anuló esas protecciones. Sin embargo, eso no significa que las universidades sean una prioridad para la aplicación de las leyes de inmigración, dijo Anita Gupta, una abogada gerente de programas legales y in and iniciativos en la Alianza de Presidentes de Educación Superior e Inmigración, una organización de líderes de universidades para hablar de problemas de inmigración.
“Las operaciones de inmigración casi siempre caen bajo ley federal y jurisdicción federal”, dijo Gupta. “Agencias policiales locales, incluyendo la policía de la universidad, no tienen la autoridad legal para comprometerse en la aplicación de acciones de inmigración independientemente”.
Según la ley federal, la policía de la universidad no está obligada a ayudar con acciones de aplicación de las leyes de inmigración a menos que las autoridades federales presenten una orden judicial, dijo Gupta. Sin embargo, las autoridades policiales locales, incluyendo la policía de la universidad, no pueden “prohibir o (desmotivar) la aplicación de las leyes de inmigración” según el Proyecto de Ley del Senado de Texas 4 del 2017.
Sin una orden judicial firmada por el juez, los agentes de inmigración no pueden entrar a espacios con acceso limitado que requieren identificaciones de UT como salones, residencias estudiantiles o oficinas, según el Centro Nacional de Leyes Migratorias. Sin embargo, en espacios públicos como las calles o las áreas de los vestíbulos, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas pueden practicar sus operaciones libremente.
La gente debe de reconocer y practicar sus derechos constitucionales, dijo Edna Yang, la codirectora ejecutiva de American Gateways, una organización sin fines de lucro que presta servicios a las comunidades de inmigrantes de bajos ingresos. Eso incluye el derecho de no contestar preguntas, guardar silencio y un debido proceso. Dijo que la gente también tiene derecho a preguntarle a los agentes de inmigración si están detenidos, arrestados o si son libres de irse.
“Vas a perder tus derechos si no los proclamas”, dijo Yang.
ICE no ha publicado una guía oficial sobre cómo operaría en las universidades públicas e interactuar con las normas de la universidad, y UT no ha dado información sobre cómo respondería. Cuatro de las otras ocho universidades del sistema de UT han compartido recomendaciones para los miembros de la comunidad universitaria sobre cómo responder a las autoridades de inmigración.
“Nosotros reconocemos la autoridad del gobierno federal para establecer y aplicar las normas de inmigración, y la universidad seguirá las leyes federales y estatales,” según el portavoz de la universidad, Mike Rosen, en un correo electrónico. “Para apoyar a nuestros estudiantes, profesores, y personal, los oficiales de la universidad continuarán dando información adecuada”.
Según un boletín de entrenamiento de la Oficina del Director de la Policía del sistema de UT, la policía de la universidad puede hacer preguntas sobre el estatus de inmigración si una persona ha sido detenida o arrestada, pero no pueden parar o arrestar a alguien legalmente basado solamente en el estatus de inmigración. No han compartido una guía actualizada. La Oficina del Director de Policía y el Departamento de Policía de UT no contestaron a las solicitudes de comentarios.
Instituciones públicas y de educación superior tienen prohibido compartir registros estudiantiles sin el permiso por escrito de los padres o del propio estudiante según la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
Hubo aproximadamente 57,000 estudiantes indocumentados en educación superior en Texas, según un reporte del Consejo de Inmigración Americana de 2022, pero no hay datos accesibles sobre la cantidad de estudiantes indocumentados en UT. Los últimos intentos para apoyar a los estudiantes indocumentados incluyen el Programa Monarch, que fue anulado el enero pasado bajo el Proyecto de Ley del Senado de Texas 17.
“Realmente es responsabilidad de cada escuela tener en cuenta su población estudiantil… y también revisar las normas para garantizar que exista seguridad y protección para sus estudiantes”, dijo Yang.
