Nota del editor: este artículo se publicó por primera vez el 16 de abril del 2024 por la editorial del Daily Texan y fue traducido al español por Mariana Flores-Sosa.
Un martes por la mañana, Lisa Moore recibió una llamada informando que un miembro del personal de su departamento había recibido un aviso de despido. Esto no fue un incidente aislado. Poco después, llegaron una serie de mensajes de texto de colegas de toda la universidad, todos con la misma inquietante noticia de que estaban siendo despedidos.
“Fue un día muy traumático en el campus”, dijo Moore, presidenta del departamento de mujeres, género y sexualidad. “Personalmente vi a personas, por ejemplo, administradores que tuvieron que decirle a la gente que estaban despedidos, caminando por la calle llorando, simplemente tratando de recuperar su compostura por el shock de lo que había sucedido”.
Desde su presentación, la SB 17 ha causado incertidumbre entre las universidades públicas de Texas. El representante John Kuempel, uno de los principales patrocinadores de la SB 17, testificó durante las deliberaciones de mayo de 2023 que el personal no perdería sus empleos, asumiendo que serían reasignados a servicios estudiantiles. Sin embargo, según la asociación estadounidense de profesores universitarios de UT Austin, más de 60 miembros del personal de UT recibieron avisos de despido de 90 días el 2 de abril, a pesar de haber sido reasignados de puestos relacionados con DEI a nuevos puestos.
Estos despidos señalan un problema importante: el cumplimiento.
La implementación de la SB 17 por parte de UT es extremadamente cautelosa, lo que resulta en despidos más allá de lo que exige la legislación. Aunque la universidad puede tener consecuencias legales, el resultado sacrifica innecesariamente tanto la transparencia como el respeto por la comunidad de UT.
La universidad se negó a hacer comentarios para este editorial.
La administración de UT debe tomar todas las medidas posibles para minimizar el daño causado a los estudiantes y profesores debido a los cambios ordenados por la SB 17.
Con un lenguaje intencionalmente vago y pautas de implementación poco claras, no existe ningún precedente sobre cómo nuestra universidad debería ajustar sus prácticas. A pesar de las incertidumbres, persiste el temor a perder financiación.
“Este proyecto de ley mantiene la financiación como rehén hasta que se logre su cumplimiento”, dijo Amber Villalobos, becaria especializada en políticas de educación superior en la Century Foundation, un grupo de expertos progresistas e independientes. “Uno de los mayores impactos de esto es que ha llevado a instituciones como UT a corregir excesivamente por temor a enfrentar acciones legales”.
La universidad puede ser demasiado cautelosa en su implementación para garantizar la seguridad de su financiación pública. Con la financiación estatal en juego, comentarios como los siguientes del senador estatal Brandon Creighton ejercen una inmensa presión sobre las universidades públicas como UT para que cumplan.
“Estoy profundamente preocupado por la posibilidad de que muchas instituciones opten por simplemente cambiar el nombre de sus oficinas o los títulos de sus empleados”, escribió el senador Creighton en una carta dirigida a los sistemas universitarios públicos de todo el estado. “Esta carta debería servir como un aviso de que esta práctica es inaceptable, y también un recordatorio de que la SB 17 abarca disposiciones estrictas de aplicación, incluida la posible congelación de la financiación universitaria y ramificaciones legales por incumplimiento”.
El senador Creighton cree que los cambios iniciales no fueron lo suficientemente sustanciales. Sin embargo, los despidos de personal reasignado de DEI por parte de UT pueden haber ido más allá de lo que requiere la legislación, según Antonio Ingram, abogado asistente especializado en justicia racial y equidad educativa del fondo de defensa legal. Expresó que el proyecto de ley exige un periodo de reparación para cualquier violación.
“Si se encuentra una violación, la escuela tiene 180 días para corregirla”, dijo Ingram. “Entonces, incluso si hubiera cosas que estuvieran ocurriendo y se descubriera que violaban el proyecto de ley del senado 17, hay una manera de remediarlo sin ser completamente conservador”.
Los representantes estatales conservadores y la legislatura no son los únicos con quienes la universidad tiene la obligación. El centro multicultural albergó varios comités y recursos para estudiantes, e incluso proporcionó a algunos desarrollo profesional esencial y comidas para estudiantes que experimentan inseguridad alimentaria.
El presidente Hartzell escribió en una carta dirigida a la comunidad de UT: “El respeto por nuestros estudiantes, profesores y personal será esencial a medida que realicemos estos cambios”. Tomar medidas más allá de lo absolutamente esencial para cumplir con la ley no es necesario ni respetuoso con ninguna de estas partes.
“Es realmente triste ver que ni siquiera quieren recibir comentarios de los estudiantes cuando los estudiantes contribuyeron tanto incluso para construir estos espacios”, dijo Miguel Anderson, senior de publicidad y humanidades y co director de operaciones de QTBIPOCA.
Los recursos del centro cultural influyeron mucho en la decisión de Anderson de asistir a UT, pero la SB 17 se los quitó por la fuerza.
Monica Jimenez, profesora asistente de estudios africanos y de la diáspora africana, ha presionado contra la implementación de la SB 17 desde el principio.
“(Esto) genera todo tipo de preguntas e incertidumbre para nosotros, nuestro personal y los estudiantes”, dijo Jimenez sobre la falta de transparencia. “Es por diseño. Porque si estamos desorganizados y cuestionamos, no podemos dirigir nuestra ira de una manera particular”.
Pauline Strong, presidenta de la AAUP@UT, dijo que UT no explicó por qué ni cuántas personas fueron despedidas y no consultó al personal.
“Creemos que la universidad debería haber involucrado a las partes interesadas, incluidos los profesores, en esta decisión”, dijo Strong. “Si se necesitaran más cambios para cumplir con la SB 17, debería haber habido un proceso abierto de consulta. Creemos que cualquier decisión de esta naturaleza debe incluir detalles sobre los tipos de empleados que se ven afectados (y) la cantidad de empleados que se ven afectados”.
En una entrevista de CBS en respuesta a los despidos masivos, el senador Creighton dijo: “Muchos de ellos seguirán desempeñando funciones docentes en la universidad. Y algunos, si no son necesarios, si desempeñan una función administrativa, tendrán que buscar otro empleo. Esas son simplemente las consecuencias de hacer un cambio”.
Hablar de despedir a más de 60 miembros del personal como “consecuencias del cambio” es reduccionista. Los estudiantes están perdiendo acceso a recursos esenciales y los miembros del personal están perdiendo ingresos. Sin una explicación para estos despidos, los ex empleados tienen recursos legales potenciales limitados para proteger sus medios de vida.
Un miembro del personal que trabajó bajo Moore recibió un aviso de despido, a pesar de haber sido reasignado a un puesto administrativo no relacionado con DEI en enero.
“Este era un trabajo que no existía el semestre pasado”, dijo Moore. “No hay manera de que haya sido una continuación de algo que el empleado estaba haciendo anteriormente”.
Estos despidos son una contradicción flagrante con la tranquilidad inicial que recibieron los empleados. La administración de la universidad debe explicar por qué las personas fueron despedidas a pesar de haber sido reasignadas a puestos no relacionados con DEI,
“A todos en la universidad se les había asegurado que no habría despidos debido a la SB 17, que todos los empleados serán transferidos a trabajos no relacionados con DEI”, dijo Strong. “Se trabajó mucho para cambiar esos roles para que cumplieran con la SB 17. Por lo tanto, no tuvimos absolutamente ninguna advertencia de que esto sucedería, ni ninguna de las personas afectadas”.
Texas Students for DEI publicó una carta pidiendo a los líderes universitarios y estatales que “se dirijan directamente a las comunidades a las que dicen servir”.
“Mucho de esto fue simplemente decirles a estas organizaciones y a estos líderes, incluido el personal, ‘Está bien, así será la SB 17; depende de ustedes implementarla”‘, dijo Amanda García, estudiante de último año de inglés y sociología y coordinadora de Texas Students for DEI. “No es sólo falta de comunicación sino también la falta de apoyo general para ayudar a la gente a hacer la transición a lo que llaman el ‘nuevo campus’ bajo la SB 17”.
No hay nada que la Universidad pueda hacer para cambiar la ley, pero lo que importa es si UT está tomando todas las medidas posibles para minimizar el daño a nuestra comunidad.
“La Universidad socava activamente el activismo estudiantil, especialmente cuando estos estudiantes provienen de las comunidades más marginadas del campus”, dijo García. “Siempre hay esperanza de que tal vez puedan hacerlo mejor, pero creo que después de lo que hemos estado viendo, especialmente después del 2 de abril, preferirían defender las agendas legislativas que escuchar a los estudiantes y al personal que dicen apoyar”.
Entonces, UT, ¿qué debes y a quién se lo debes?
