Nota del editor: Este artículo se publicó por primera vez el 26 de junio de 2025 por Diego Hernandez y fue traducido al español por Priscilla Durling.
La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas envió una carta a los presidentes de las instituciones de educación superior el 18 de junio, instruyéndolos a identificar a los estudiantes indocumentados para asegurar que paguen la matrícula de no residentes a partir del próximo semestre.
La junta señaló que no ofrecerá orientación específica a las universidades sobre cómo identificar a los estudiantes indocumentados. Sin embargo, el Sistema Universitario de Texas (UT) anunció que comenzaría a solicitar a los estudiantes documentos de residencia legal.
“Para cumplir con una orden judicial federal y el Código de Educación de Texas, a los estudiantes que asistan a las instituciones de la UT y que no presenten documentación que demuestre su residencia legal en Texas se les cobrará la matrícula de no residente a partir del semestre de otoño de 2025”, declaró el Sistema UT en un comunicado.
El Sistema UT también comunicó que cualquier estudiante que haya estado recibiendo matrícula estatal con base en declaraciones juradas deberá presentar documentación de presencia legal.
Un juez federal anuló la Ley Dream de Texas a principios de este mes, después de que el estado y la administración Trump presentaron una demanda que la calificó de inconstitucional. Anteriormente, la ley permitía a los estudiantes indocumentados recibir matrícula estatal si habían vivido en Texas por al menos tres años y habían firmado una declaración jurada indicando que solicitarían la regularización de su estatus migratorio lo antes posible.
Durante el año académico 2024-2025, la matrícula estatal en UT fue de $11,678, mientras que la matrícula para estudiantes de fuera del estado fue de $42,778, según U.S. News & World Report. Esto significa que los estudiantes indocumentados que anteriormente calificaban para la matrícula estatal bajo la Ley Dream de Texas podrían enfrentar un costo más de tres veces mayor.
Varios grupos de derechos civiles en Texas presentaron una moción para suspender la prohibición de la Ley Dream de Texas, debido a que un tribunal de distrito federal no tuvo tiempo suficiente para revisar la constitucionalidad de la ley. Entre los grupos que presentaron la moción se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, en representación de la Junta Directiva del Distrito de Austin Community College, entre otros.
“Queremos intervenir en este caso porque no se les dio la oportunidad de ser escuchados, y nosotros, como representantes de los intervinientes, queremos participar en el proceso”, declaró Kassandra González, abogada del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. “La Ley Dream (de Texas), antes de ser prohibida, merece un procedimiento contencioso completo que incluya informes sustantivos y una defensa constitucional”.
Aunque los grupos de derechos civiles están intentando intervenir, aún está por verse si esta moción se escuchará en los tribunales. Sin embargo, González afirmó que la Ley Dream de Texas es constitucional y que su derogación afectará negativamente a los estudiantes indocumentados de todo el estado que cursan estudios superiores. “Las generaciones más jóvenes esperan recibir la matrícula estatal al graduarse de las universidades de Texas, y esta oportunidad mantiene a nuestros jóvenes ambiciosos”, dijo González. “Muchas personas están ansiosas y se preguntan qué significa esto para ellas y si esto significa que tendrían que abandonar su educación o pausarla”.
Nota del editor: Una versión anterior de este artículo declaro erróneamente que la Corte Suprema de los Estados Unidos no tuvo tiempo suficiente para cuestionar la constitucionalidad de la Ley Dream de Texas. Fue un tribunal federal de distrito que no tuvo el suficiente tiempo para tomar esa decisión, no la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Texan lamenta este error.
