Nota del editor: este artículo se publicó por primera vez el 6 de julio por Mason Rouser y fue traducido al español por Amy DonJuan.
El 30 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el programa del presidente Joe Biden para perdonar hasta $20,000 en deudas de préstamos estudiantiles, citando una extralimitación de autoridad por parte del presidente y el Secretario de Educación.
La Corte dictaminó 6-3 en Biden v. Nebraska, donde Nebraska y varios otros estados demandaron a la administración de Biden por ejercer ilegalmente el poder presidencial sin la aprobación explícita del Congreso.
En su opinión mayoritaria, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que la Ley de Oportunidades de Alivio para la Educación Superior de 2003, que otorga al Secretario de Educación, Miguel Cardona, autoridad para “renunciar o modificar” las reglamentaciones y los requisitos relacionados con los pagos de préstamos estudiantiles federales en respuesta a una emergencia nacional , no justificaba una cancelación total de los préstamos estudiantiles. Roberts dijo que las “compensaciones básicas e inherentes inherentes a un programa de cancelación masiva de deuda son las que el Congreso probablemente habría previsto para sí mismo” y que Cardona no señaló la autorización directa del Congreso.
“El plan integral de cancelación de la deuda del Secretario no puede llamarse justamente una exención, no solo anula las disposiciones existentes, sino que las aumenta y amplía drásticamente. No puede ser una mera modificación, porque constituye ‘efectivamente la introducción de un régimen completamente nuevo’”, escribió Roberts. “Por amplio que sea el significado de ‘renunciar o modificar’, ese lenguaje no puede autorizar el tipo de reescritura exhaustiva del estatuto que ha tenido lugar aquí”.
Los estudiantes que solicitaron y fueron aprobados para el programa de condonación de préstamos antes de que fuera impugnado no obtendrán el alivio que se les aseguró. Sophie Beasley, estudiante de último año de geografía y estudios de sostentabilidad, es una de esas estudiantes.
Beasley dijo que tuvo suerte de no necesitar demasiados préstamos, pero que el programa aún la habría ayudado.
“Creo que todavía puedo pagar mis préstamos dentro de un año de graduarme, con suerte”, dijo Beasley. “Pero me habría graduado sin deudas si este programa hubiera sido aprobado, por lo que solo tengo que presupuestar con más cuidado y estar más al tanto de mis finanzas, pero siento que cualquier estudiante que tenga que pedir préstamos ya está muy bien financieramente responsable.”
Con los pagos de préstamos programados para reanudarse este otoño después de una pausa iniciada por el gobierno durante la pandemia, Beasley dijo que la continuación del programa habría sacado a personas como ella del sistema de pago y aliviado parte de la presión ejercida sobre los sistemas de servicio de préstamos para procesar reembolsos masivos.
A la luz de la decisión de la Corte Suprema, la administración Biden anunció que buscaría otras vías para perdonar la deuda de préstamos estudiantiles. Esto incluye que el Secretario de Educación haga uso de su autoridad bajo la Ley de Educación Superior e inicie un sistema de “rampa de acceso” desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024 “para que los prestatarios financieramente vulnerables que no hacen los pagos mensuales durante este período sean no considerado moroso, reportado a las agencias de crédito, puesto en incumplimiento o referido a agencias de cobro de deudas”.
La administración también finalizó el plan Saving on a Valuable Education que se presentará más adelante este verano antes de que se reanuden los pagos de préstamos estudiantiles. Según un comunicado de prensa de la Casa Blanca, el plan SAVE “recortará los pagos mensuales de los prestatarios a la mitad, permitirá que muchos prestatarios realicen pagos mensuales de $0, ahorrará a todos los demás prestatarios al menos $1,000 por año y garantizará que los saldos de los prestatarios no crezcan de intereses no pagados.”
