Nota del editor: Este artículo fue creado originalmente por Diego Hernandez el 25 de septiembre de 2025 y traducido al español por Priscilla Durling el 26 de septiembre de 2025

El Departamento de Justicia anunció que abrió una investigación sobre la ciudad de Austin el 18 de septiembre, citando prácticas de contratación que podrían haber violado la Ley de Derechos Civiles de 1964.   

En una carta dirigida a los funcionarios municipales, Harmeet Dhillon, la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, escribió que la Oficina de Equidad e Inclusión de la ciudad podría estar violando la Ley de Derechos Civiles de 1964. La oficina se creó para abordar la discriminación y la igualdad de oportunidades en el empleo, según su sitio web. Dhillon escribió que la oficina podría promover prácticas de contratación que infrinjan el Artículo 7 de la ley, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, sexo y origen nacional. En la carta, menciona específicamente los planes de la oficina de equidad e inclusión para ayudar a que la ciudad “funcione con una perspectiva de equidad racial”. 

“El Departamento de Justicia no tolerará práticas laborales discriminatorias por motivos raciales ni políticas de DEI en Austin ni en otras ciudades”, declaró Dhillon en un comunicado de prensa. “Dichas prácticas son ilegales y antiamericanas, y protegeremos enérgicamente la igualdad de oportunidades y exigiremos responsabilidades a quienes intenten perpetuar vestigios de discriminación ilegal”. 

La carta menciona las directrices del memorando de la Oficina de Equidad e Inclusión, que incluye la recopilación de datos demográficos sobre empleo para identificar y eliminar los huecos de representación. El plan recomienda que los departamentos desarrollen estrategias de contratación que reflejen mejor la demografía de la ciudad. En una declaración escrita, un portavoz de la ciudad afirmó que creen que la ciudad no ha violado la Ley de Derechos Civiles. 

“Estoy convencido de que la Ciudad de Austin cumple plenamente con la ley”, escribió el alcalde Kirk Watson en un comunicado. “Nuestras prácticas de empleo garantizan la contratación de servidores públicos altamente cualificados que se preocupan profundamente por toda nuestra comunidad y aportan sus cualidades únicas al trabajo que desempeñan. Hacen de Austin un mejor lugar para vivir”. 

En la carta, Dhillon asignó al fiscal general adjunto interino Eric Sell para que dirigiera la investigación. Sell no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Dustin Rynders, director legal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, afirmó que es improbable que la investigación produzca cambios, pero que si el Departamento de Justifica encuentra algo que considere una violación, la ciudad tendría que realizar modificaciones. Dado que la ciudad mantiene que no está violando la Ley de Derechos Civiles, Rynders señaló que es probable que Austin se defendera fuertemente si se presenta esta situación. 

“La administración Trump tendrá que decidir entonces qué quiere priorizar”, dijo Rynders. “¿Acaso su único objetivo era evitar que la prensa atacara a la ciudad de Austin? ¿O realmeante quieren dar el siguiente paso y presentat una demanda para desafiar a la ciudad de Austin? La demanda, según la información que tenemos hasta el momento, no tendría fundamento”.