Nota del editor: Este artículo se publicó por primera vez el 3 de febrero de 2026 por Kendall Meachum y fue traducido al español por Angel Bahena el 4 de febrero de 2026.
La financiación federal de escuelas con programas de diversidad, equidad e inclusión sigue protegida, después de que el Departamento de Educación de los Estados Unidos retiró su apelación a una orden judicial federal previa, según un documento del 21 de enero.
La decisión del departamento de Educación permite que la orden de un juez federal se mantenga en pie, previniendo la restricción de la fundación de escuelas que requieren cursos o entrenamiento que están “designados para enfatizar y enfocar en estereotipos de raza”, de acuerdo con un documento del departamento.
El caso inicial en contra del Departamento de Educación fue presentado en febrero de 2025 por la Federación Americana de Maestros ante una corte del distrito de Maryland. La FAM argumentó que una carta mandada por el departamento violó la libertad de expresión en vez de “reiterar requisitos legales existentes” sobre la discriminación, como la carta afirmó que hizo.
Aunque la Universidad ya cumple con muchas de estas pautas debido al Proyecto de Ley del Senado de Texas 17 (Texas Senate Bill 17), que prohíbe entrenamiento y oficinas con relación al DEI, esta guía federal tenía el potencial de llegar más allá del SB 17 al restringir financiamiento por incluir cierto lenguaje y ideas en el currículum universitario.
En una opinión del 14 de agosto de 2025—que el departamento quiso anular antes de retirar su apelación— la Juez del Distrito de los EE.UU. Stephanie Gallagher llamó las nuevas pautas “ilegales” y falló contra el departamento.
“El gobierno…inició un cambio radical en cómo el Departamento de Educación regula las prácticas educacionales y la conducta en el aula, causando que millones de educadores teman razonablemente que su expresión, legal y hasta beneficiaria, pueda causar que ellos o sus escuelas sean castigados”, escribió Gallagher en su decisión.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, quien representó al FAM en el caso, escribió que la decisión del departamento de retirar su apelación era una “victoria significativa para la educación pública”, en un comunicado por correo electrónico.
“Aunque hoy sea una victoria contra la cruzada ilegal de la administración contra los derechos civiles, equidad e inclusión, sabemos que la lucha para proteger la educación pública está lejos de terminarse”, dijo Perryman en un comunicado.
La decisión del departamento para retirar su apelación marca una “derrota final” ante los intentos de requerir que las escuelas “censuren lecciones, abandonen programas de apoyo para estudiantes y certifiquen sus cumplimientos con la interpretación ilegal de derechos civiles”, escribió el FAM en un comunicado de prensa.
“Cuando peleas no siempre ganas”, dijo Randi Weingarten, la presidenta de FAM, en el comunicado. “Pero nunca ganas si no peleas”.
El departamento de Educación no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
