Nota del editor: este artículo fue publicado por primera vez el 26 de septiembre del 2025 por Catharine Li y Anjum Alam, y fue traducido al español por Iñaki Zamarripa el 27 de septiembre del 2025.
El Consejo Coordinador de Educación Superior de Texas (The Texas Higher Education Coordinating Board) propuso nuevas reglas que cambiarían cómo las instituciones determinan residencia y matrícula dentro del estado. Estas sugerencias surgen de una orden judicial de junio que anuló la Ley Dream de Texas (Texas Dream Act), una ley que permitía a ciertos estudiantes no ciudadanos, incluyendo estudiantes sin documentos, acceder a la matrícula estatal y ayuda financiera. El consejo celebró una audiencia pública el lunes y recibirá testimonios hasta el domingo.
En julio, la Universidad empezó a exigir que los estudiantes mostraran evidencia de presencia legal para establecer residencia de Texas y para calificar para matrícula estatal. Las reglas, propuestas en agosto, formalizarán la política y sólo permitirá a estudiantes que están presentes legalmente recibir excepciones o excepciones de matrícula. Además, las universidades podrán confirmar la elegibilidad de los estudiantes para estos beneficios con el Servicio De Ciudadanía e Inmigracíon de los Estados Unidos (U.S. Citizen and Immigration Services), según las reglas propuestas.
Verificar la información de elegibilidad de los estudiantes con el Servicio De Ciudadanía e Inmigracíon de los Estados Unidos podría ser una violacion de la Ley de los Derechos Educativos y Privacidad Familiar (The Family Educational Rights and Privacy Act), dijo Danny Woodward, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas (The Texas Civil Rights Project), una organización de defensa sin animo de lucro. La DEPF (FERPA) protege los archivos estudiantiles, incluyendo información de identificación personal.
“Va a espantar a estudiantes que cumplen con los requisitos para la matrícula estatal y que pueden demostrar su presencia legal”, dijo Woodward. “Ellos tal vez no quieren enviar su información personal al gobierno federal en un periodo como este. Solo va tener un efecto disuasorio al acceso a la educación a través del estado”.
Según el sitio de web del Servicio De Ciudadanía e Inmigracíon de los Estados Unidos, la “presencia ilegal” se refiere a cualquier periodo de tiempo en donde una persona está presente en el país “sin haber sido admitida ni dado permiso de permanencia temporal”. Según las reglas propuestas, los estatus específicos de inmigracion que demuestran “presencia legal” quedan sin claridad. Un portavoz del consejo dijo que no proporcionará una definición de “presencia legal”.
“Seguirá siendo responsabilidad de las instituciones consultar con sus propios abogados sobre esas cuestiones y decisiones”, escribió el altavoz.
El Servicio de inmigración y ciudadanía de EE.UU no proporcionó comentarios.
La complejidad de la ley de inmigracion presentó desafíos para las universidades que trataban de cumplir con la orden de la corte federal, y va a continuar si no se presenta una definición clara de “presencia legal”, dijo Woodward.
“El resultado será que los estudiantes que de hecho son elegibles para matrícula estatal, incluso bajo el mandato, no la conseguirán porque las universidades van a estar cometiendo errores”, dijo Woodward. “Eso ya está sucediendo”.
Tras de la orden judicial, UT mando cartas a 1,148 estudiantes instruyendolos a mandar documentación de “estatus legal”, según respuestas proporcionadas por la vicerrectora adjunta Brenda Schumann y la registradora adjunta Leighanne Rodriguez, a través de una solicitud de información pública. El estatus legal tiene una definición más restringida, la cual excluye a la gente con Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status) o Acción Diferida para los Infantes Arrivados (Deferred Action for Childhood Arrivals), según la Asociación de Investigación de Desarrollo Intercultural (Intercultural Development Research Association).
Marco Julian Gonzalez, estudiante de tercer año de financia, negocio, y Plan II, ayudó a convenir estudiantes de diferentes fraternidades y sororidades hispanas en el Capitolio de Texas en la primavera para compartir su testimonio sobre las leyes estatales que tenían la meta de acabar la Ley Dream de Texas. Las reglas propuestas ponen un cargo financiero más grande para los estudiantes, dijo el. Gonzalez creó una guía de acción para presentar testimonios escritos ante el Consejo.
“Muy a menudo, estos mismos estudiantes son los primeros en su familia en ir a la universidad”, dijo Gonzalez. “Ya se les pide que se ajusten a un lugar que se les parece extranjero. Ahora, estás añadiendo más barreras de información para que puedan conseguir una educación”.
