Nota del Editor: Algunas entrevistas para esta historia se realizaron en inglés y luego se tradujeron al español.  

Cientos de estudiantes hispanos de la Universidad de Texas en Austin recibieron, en julio, un correo inesperado con un cuestionario que les daba menos de dos semanas para comprobar su situación migratoria. Para muchos, esa notificación significó la diferencia entre pagar matrícula estatal o tener que cubrir más de tres veces esa cantidad. 

Entre ellos estaba María Ochoa, una estudiante de UT que se enteró de que fue reclasificada como estudiante internacional al entrar a su portal de inscripción. “Me cambiaron, según yo no me avisaron en ningún email o algo así, nada más cuando me metí a ver yo la registration, y que ya me habían cambiado a internacional que pues es una gran diferencia de precio”, comentó en una entrevista con el Texan En Español. 

María recibió la solicitud, identificada como el “Residency Questionnaire”, (cuestionario básico de residencia), a solo 14 días antes de que diera inicio el semestre. Ahora, ella se encuentra en Guadalajara, México, incapaz de continuar con sus estudios. 

El cuestionario fue enviado al correo institucional de los estudiantes, tras una órden estatal emitida en junio, pidiendo pruebas de residencia. Aunque varios de los estudiantes cumplían con los requisitos para la matrícula estatal, la falta de claridad en los criterios y el corto plazo impidieron que muchos entregaran la documentación solicitada antes de la fecha límite y como resultado, fueron reclasificados como no residentes. 

Adicionalmente, durante la primavera de 2025, UT implementó una nueva política oficial de correo electrónico para estudiantes, en la cual toda la comunicación institucional se enviará a una dirección de Microsoft 365, garantizando así que todos los estudiantes reciban información importante de la universidad a través de un único canal oficial. Sin embargo, varios estudiantes no estaban pendientes o al tanto de este nuevo correo institucional, especialmente durante el verano. 

“Debieron usar otros canales para informar, como una lista de correos, mensajes de texto, alertas o boletines. Algo más que recordara a los estudiantes, porque esto tiene un gran impacto”, comentó en entrevista para este reportaje Roselia Méndez Murillo, profesora asistente en el departamento de estudios de la comunicación de la Universidad de Texas en Austin. “No es como decir ‘te perderás un evento social’, es algo que afecta su sustento, su futuro”. 

Mendez Murillo explica que para muchos estudiantes, especialmente aquellos de primera generación o migrantes, la universidad representa su principal fuente de apoyo y recursos. Cuando los procesos institucionales cambian sin comunicación clara ni tiempo suficiente de preparación, se refuerzan ideas de desigualdad, síndrome del impostor, y barreras de acceso ya existentes. La profesora pregunta retóricamente, “si dependes de la universidad como tu principal fuente de apoyo y de repente eso desaparece, ¿a quién acudes?”

Barara Hines, abogada estadounidense de derechos migratorios, explica que para comprender el alcance de la medida, es necesario entender que en 2001, el “Texas Dream Act” permitió que estudiantes sin estatus migratorio legal, pero que habían crecido y estudiado en Tejas, pagaran la matrícula estatal en las universidades públicas del estado. Hines continúa explicando que, “Lo que pasó en junio fue que el presidente Trump demandó al fiscal general de Tejas, y en seis horas firmaron un acuerdo diciendo que la ley era ilegal.” Y que, “La orden judicial dice que si no estás legalmente presente en el país, tienes que pagar colegiatura fuera del estado. Y eso significa que si estás legalmente presente, aún puedes estudiar bajo el Texas Dream Act”. 

Dos semanas más tarde, la junta coordinadora de educación superior de Texas (THECB, por sus siglas en inglés) instruyó a las universidades a identificar y reclasificar como no residentes a los estudiantes que no tuvieran “presencia legal” en el país.

“Los estudiantes con presencia legal tienen un derecho legal, según el código de educación de Tejas, a pagar matrícula estatal”, señaló Hines, destacando que la universidad pedía prueba de estatus legal, lo que excluía a muchos estudiantes que en realidad sí contaban con presencia legal. 

En términos legales, “presencia legal” significa que una persona se encuentra en Estados Unidos con la autorización del gobierno federal, aunque no necesariamente cuente con un estatus migratorio permanente. Esto incluye a quienes tienen visas vigentes, permisos de trabajo, asilo, residencia temporal o solicitudes en trámite ante el departamento de seguridad nacional. También abarca a beneficiarios de programas humanitarios, como los que cuentan con acción diferida para los llegados en la infancia (DACA) o estatus de protección temporal (TPS), mientras su permiso siga activo. 

El Texan en Español obtuvo un video del cuestionario enviado. El formulario incluye preguntas con términos que piden exclusivamente ser o tener: “Residente permanente”, “comprobante de residencia”, “estatus de residente permanente”. Sin embargo, es posible estar presente legalmente sin ser residente, lo cual el formulario excluye. 

“¿Cómo se supone que un estudiante que llena esto por su cuenta, sin alguien que entienda de estos temas, va a saber qué debe incluir?”, pregunta Hines. Similarmente, Mendez Murillo explica que “es como cuando aprendes un deporte: ¿cómo aprendes sin alguien que te entrene?”

Así, estudiantes como María terminaron en una situación incierta, de un día para otro, y con el tiempo en contra para solucionar su futuro académico. “Me pedían que llenara información para ver cual era mi estatus legal y poder ver si sí me podían seguir contando como ‘in state tuition o resident’”, comentó Ochoa. María estaba lista para continuar con sus estudios; ya había firmado un contrato de alquiler que debe seguir pagando, aún sin estar en Austin. 

Tanto María como Hines explican que sienten que la universidad, si hubiera tenido más tiempo, habría podido manejar la situación de forma más efectiva. UT, al igual que el resto de las universidades del estado, contaron con tan solo semanas para hacer las modificaciones requeridas por el estado. Además, “Es poco realista esperar que un grupo grande de estudiantes entregue toda su documentación en tan poco tiempo”, comentó la experta de comunicación Mendez Murillo. 

Ante la situación, ciertos estudiantes optaron por pagar la matrícula correspondiente a fuera del estado y solicitar un reembolso una vez que entregaran la documentación requerida. Aun así, la matrícula para no residentes asciende más de 40,00 dólares anuales, frente a los alrededor de 11,000 que pagan los estudiantes con matrícula estatal. Para muchos, cubrir esa cantidad y esperar un posible reembolso no es una alternativa viable. “Me dijeron que todavía podía subir los documentos pero que nada me iba a confirmar o ser como muy seguro de que si me lo iban a dar”, comentó María. 

El Texan en Español trató de contactar con UT Austin, “Texas One Stop”, y la secretaría de la universidad (Office of Registrar) para este reportaje. Las tres organizaciones se negaron a comentar. 

“Espero que hayan revisado todos sus expedientes para asegurarse de que no hayan reclasificado indebidamente a estudiantes que deberían de haber sido considerados residentes”, declaró la abogada. “Eso es lo que todas las escuelas deberían de hacer: ser muy cuidadosas de no clasificar erróneamente a los estudiantes”.