Nota del editor: Algunas entrevistas para esta historia se realizaron en inglés y luego se tradujeron al español; su contenido ha permanecido inalterado. 

Una mujer Hondureña llamó al departamento de policía de Austin el 5 de enero para reportar un disturbio. Sin embargo, esa llamada terminó llevando a su deportación, acompañada por su hija de 5 años, una ciudadana estadounidense. 

“Ya existe desde hace mucho mucho tiempo un sentimiento general de desconfianza hacia la policía”, dijo Daniela Silva, coordinadora de políticas en Austin para el Proyecto de Derechos Civiles de Tejas (Workers Defense Project). “He escuchado historias de trabajadores de construcción que llegan al trabajo a las 4 de la mañana y duermen en sus carros porque ya saben cuándo ICE se instala para buscar gente”. 

Un mes después, el 5 de febrero, el Consejo Municipal de Austin organizó un foro en la escuela primaria Duvall, en el noroeste de Austin. Varios miembros del consejo y la jefa de policía Lisa Davis se enfrentaron a una multitud tensa que exigía respuestas y soluciones. 

“Para mi, el mensaje de esa noche fue muy claro: la ciudad de Austin no está haciendo lo suficiente”, escribió la concejal Vanessa Fuentes. “[Los inmigrantes] simplemente quieren sentirse seguros viviendo sus vidas – yendo a la escuela, comprando comida, yendo  al trabajo – todo sin tener miedo”. 

Funcionarios de la ciudad explicaron que los oficiales en la escena detuvieron a la madre y a la niña después de que ICE hiciera una solicitud de orden judicial que todavía no había sido aprobada por un juez. Según el concejal Mike Siegel, los oficiales no entendieron bien que estas órdenes pueden ser discrecionales, lo que generó dudas sobre cuánto entienden realmente la Ley del Senado de Texas (SB 4). 

La SB 4 es una ley estatal que limita hasta donde pueden llegar los gobiernos locales para restringir la cooperación entre la policía y las autoridades federales de inmigración. La ley impide que Austin prohíba completamente el contacto entre el Departamento de Policía de Austin (APD) y ICE. 

“La gente tiene mucho miedo de llamar a la policía, incluso en emergencias, porque no saben si cuando pidan ayuda ICE también va a aparecer y lastimarlos”, explicó Silva. 

Chas Moore, cofundador de la Austin Justice Coalition, dijo que Austin debería resistirse a la SB 4 reduciendo al mínimo, o incluso eliminando, toda cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración. Según Moore, esa sería la única manera de reconstruir la confianza entre los inmigrantes y la APD. 

“Sé lo que dice la ley, pero siempre me he preguntado y he retado a otros a preguntarse también, si la ley siempre debe seguirse”, dijo Moore. “No creo que solo porque algo sea legal signifique que esté bien”. 

Moore añadió que el problema entre la APD e ICE va más allá del entrenamiento de los oficiales o de cambios en los procedimientos. Su organización ha ayudado a organizar protestas contra ICE y contra la APD después del incidente, y también ha trabajado con el Texas Civil Rights Project para proponer cambios en las reglas del departamento sobre cómo interactuar con ICE. 

El cofundador cree que los líderes de la ciudad deberían tomar una postura moral clara contra cualquier cooperación con ICE, incluso si eso significa desafiar una ley estatal. 

“Este es su momento como líderes electos de la ciudad de Austin,” dijo. “Creo que tienen que reflexionar y decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para defender a la comunidad”. 

El concejal Zo Qadri, quien representa a UT,  dijo que la ley utiliza el estatus migratorio como una forma de intimidar a la comunidad hispana. 

“Solo porque algo sea legal no significa que sea correcto, justo o humano”, dijo. 

Cuando se le preguntó sobre la cooperación entre ICE y la  APD, Qadri dijo que se opone completamente a cualquier colaboración entre las dos agencias y afirmó que está “totalmente en contra de ICE”, incluso cree que la agencia no debería existir. 

Para Qadri, la cuestión de cumplir o no con la ley también tiene que ver con la responsabilidad moral de los líderes locales. 

“Tenemos una responsabilidad moral de proteger a los habitantes de Austin”, dijo. “Si no estamos dispuestos a luchar por nuestros constituyentes, entonces ¿Para qué estamos en el cargo?” 

Otras organizaciones activistas, como Workers Defense, han optado por ayudar a la comunidad mientras siguen operando dentro de los límites legales de la SB 4. Silva explicó que el debate muchas veces se centra en si la ley debe acatarse o no, pero en realidad la ley simplemente permite que la policía coopere con autoridades federales de inmigración. Solo en pocos casos esa cooperación es obligatoria. 

“Al final depende de los propios oficiales decidir si van a aplicar o no la ley de inmigración”, dijo. 

José “Chito” Vela, alcalde pro tempore de Austin y ex abogado de inmigración, dijo que el debate sobre la cooperación entre ICE y la APD a veces ignora a las personas más afectadas por estas políticas: la comunidad indocumentada. 

“Yo podría simplemente ir a protestar y sacarle el dedo al presidente y a ICE”, dijo, “pero no creo que eso sea lo que la comunidad indocumentada realmente quiere”. 

Según Vela, muchos inmigrantes están menos interesados en confrontaciones políticas y más preocupados por evitar cualquier contacto con el sistema de deportación. 

Para él, recuperar la confianza entre la APD y la comunidad hispana, especialmente entre quienes no tienen estatus legal en el país, es prácticamente imposible. 

“Se ha roto de una forma muy profunda”, dijo, refiriéndose a la confianza entre los Hispanos en Austin y la APD. “No veo cómo nosotros [el consejo municipal] pueda arreglar lo que el presidente Trump ha destruido”. 

Vela también comentó que los llamados a una confrontación política fuerte con las autoridades federales muchas veces no toman en cuenta lo que realmente piden los residentes indocumentados. 

“Podríamos tener una reunión del consejo donde todos nos enfrentemos a ICE y luego todos se abracen y levantemos los puños. Pero ¿qué pasa después? ¿Cuál sería el segundo y el tercer paso?”, dijo. “¿Qué hacemos cuando lleguen 2,000 agentes de ICE?” 

Para Vela, los límites a los que se enfrenta la ciudad son tanto legales como políticos. Austin no puede impedir que los agentes federales de inmigración operen en la ciudad, dijo, y cualquier decisión debe considerar si la comunidad indocumentada saldrá perjudicada. 

“Mi objetivo es pasar los próximos tres años con la menor cantidad posible de deportaciones en Austin, Tejas. Punto”, dijo Vela. 

La Directiva del Texan en Español está compuesta por: Director Dieter Mouchkatine, Director de Edición Héctor Yunta Rico y Directora Asociada Julia Frías-Aguilar. 

Editor’s Note: This article’s illustration has been updated from a previous version that included the phrase “ICE OUT.” The Daily Texan remains committed to non-biased reporting, and does not editorialize in our news illustrations. The text has since been removed from the illustration. The Texan regrets this error.